'Paguita' perpetua
Ciertamente, la evolución y el progreso de una sociedad requieren de un enfoque estratégico y planificado, fundamentado en la implementación de políticas y programas que promuevan su prosperidad y ofrezcan alternativas para un desarrollo sostenible, mejorando así la calidad de vida de sus ciudadanos de forma constante. En este proceso, la gestión del gobierno juega un papel primordial, actuando como el conductor que diseña la hoja de ruta a seguir para lograr dicho desarrollo, lográndolo principalmente a través de una política social bien estructurada y definida, orientada hacia el bienestar colectivo.
La protección social, junto con la prevención y la promoción, son componentes que necesariamente deben ser considerados a la hora de establecer estrategias de gestión con el objetivo de alcanzar un desarrollo pleno de la sociedad. En relación con esto, al observar la realidad en la mayoría de los países, es evidente la prevalencia del enfoque asistencialista, donde el respaldo estatal se extiende ampliamente para proporcionar cobertura social a la población mediante subsidios o asistencia económica en diversos ámbitos, con las que, en gran medida, pueden hacer que las personas se vuelvan dependientes de esa ayuda.
Es innegable que existe un segmento de la sociedad que, por diversas razones, requiere asistencia del Estado para satisfacer sus necesidades más básicas y, en efecto, de hecho, esta función del Estado de atender a la población en situación de precariedad económica es vital; proporcionar al menos lo mínimo indispensable para vivir es una responsabilidad ineludible del Estado. Entretanto, es también su obligación buscar las causas de la vulnerabilidad y encontrar una solución al problema de fondo, reflejando así el compromiso moral y solidario de éste, con el bienestar de todos los ciudadanos, independientemente del gobierno de turno.
No obstante, es importante reconocer que el enfoque asistencialista constante, por su propia naturaleza, no garantiza una salida efectiva de la pobreza. Y aunque pueda parecer una solución inmediata y generar impactos positivos a corto plazo, no aborda la raíz de los problemas y seguramente generará efectos perjudiciales a largo plazo, perpetuando la dependencia y la marginalización de los sectores más vulnerables de la sociedad, resultando, por ende, insostenible para las finanzas del Estado. Aún más preocupante es el hecho de que puede ser, bueno, lo es, manipulado por políticos inescrupulosos con tintes populistas, quienes utilizan la ayuda como herramienta de clientelismo político, una moneda de cambio para obtener voluntades y mantener el poder.
Hay realidades y realidades, es cierto que el Estado cumple su rol al asistir a aquellos que se encuentran en situaciones de alta vulnerabilidad, en las que incluso la dignidad humana puede verse comprometida. Desde esta perspectiva, es una intervención necesaria y puede actuar como un catalizador para sacar a las personas de la miseria y dignificar sus vidas. Sin embargo, el asistencialismo se transforma en una trampa cuando se universaliza en exceso, cuando se torna en un hábito normal, creando una cultura de dependencia y desincentivando la dinámica individual y empresarial.
Por ejemplo, cuando se subsidia la falta de empleo sin fomentar el emprendimiento o la inversión empresarial, se corre el riesgo de instaurar una sociedad donde la dependencia es la norma, en lugar de la excepción. Esta dinámica tiene consecuencias negativas tanto en el ámbito económico como en el social. Por un lado, desalienta a los inversores y empresarios a asumir riesgos y crear empleo, ya que perciben que el Estado interfiere en el mercado y distorsiona las condiciones de competencia. Por otro lado, constituye una clientela que no se ve incentivada a esforzarse por mejorar su situación, confiando en que el Estado proporcionará una solución rápida y fácil a sus problemas, ya que le dará su ‘paguita’.
Absolutamente, un país serio y comprometido con el bienestar de su población debe articular sus esfuerzos para sacar a las personas de los márgenes de pobreza y mejorar constantemente los estándares de vida. Esto requiere una visión integral y holística que encare los diversos factores inherentes a la problemática social, atacando de a poco cada uno de los elementos que empobrecen y causan inequidad, diseñando estrategias de promoción y consolidación que fomenten la inclusión y la movilidad económica, creando un entorno propicio para el crecimiento.
En el corazón de este enfoque se encuentra la generación de empleo como motor principal de la actividad económica y la estabilidad social, especialmente en sectores clave que impulsen el desarrollo económico y la innovación. Al respecto, el rol de las empresas es crucial como generadoras de riqueza. Las empresas no sólo crean empleo, también son agentes de cambio positivo en la sociedad. El potencial de las sinergias entre el sector privado y el gobierno en la búsqueda de soluciones efectivas para los desafíos sociales y económicos es potencialmente significativo. A través de prácticas empresariales socialmente responsables, como la creación de oportunidades de empleo digno, el desarrollo de habilidades y la inversión en comunidades locales, las empresas contribuyen notablemente a la reducción de la pobreza y la mejora del bienestar de la población sin ninguna duda.
La protección social, junto con la prevención y la promoción, son componentes que necesariamente deben ser considerados a la hora de establecer estrategias de gestión con el objetivo de alcanzar un desarrollo pleno de la sociedad. En relación con esto, al observar la realidad en la mayoría de los países, es evidente la prevalencia del enfoque asistencialista, donde el respaldo estatal se extiende ampliamente para proporcionar cobertura social a la población mediante subsidios o asistencia económica en diversos ámbitos, con las que, en gran medida, pueden hacer que las personas se vuelvan dependientes de esa ayuda.
Es innegable que existe un segmento de la sociedad que, por diversas razones, requiere asistencia del Estado para satisfacer sus necesidades más básicas y, en efecto, de hecho, esta función del Estado de atender a la población en situación de precariedad económica es vital; proporcionar al menos lo mínimo indispensable para vivir es una responsabilidad ineludible del Estado. Entretanto, es también su obligación buscar las causas de la vulnerabilidad y encontrar una solución al problema de fondo, reflejando así el compromiso moral y solidario de éste, con el bienestar de todos los ciudadanos, independientemente del gobierno de turno.
No obstante, es importante reconocer que el enfoque asistencialista constante, por su propia naturaleza, no garantiza una salida efectiva de la pobreza. Y aunque pueda parecer una solución inmediata y generar impactos positivos a corto plazo, no aborda la raíz de los problemas y seguramente generará efectos perjudiciales a largo plazo, perpetuando la dependencia y la marginalización de los sectores más vulnerables de la sociedad, resultando, por ende, insostenible para las finanzas del Estado. Aún más preocupante es el hecho de que puede ser, bueno, lo es, manipulado por políticos inescrupulosos con tintes populistas, quienes utilizan la ayuda como herramienta de clientelismo político, una moneda de cambio para obtener voluntades y mantener el poder.
Hay realidades y realidades, es cierto que el Estado cumple su rol al asistir a aquellos que se encuentran en situaciones de alta vulnerabilidad, en las que incluso la dignidad humana puede verse comprometida. Desde esta perspectiva, es una intervención necesaria y puede actuar como un catalizador para sacar a las personas de la miseria y dignificar sus vidas. Sin embargo, el asistencialismo se transforma en una trampa cuando se universaliza en exceso, cuando se torna en un hábito normal, creando una cultura de dependencia y desincentivando la dinámica individual y empresarial.
Por ejemplo, cuando se subsidia la falta de empleo sin fomentar el emprendimiento o la inversión empresarial, se corre el riesgo de instaurar una sociedad donde la dependencia es la norma, en lugar de la excepción. Esta dinámica tiene consecuencias negativas tanto en el ámbito económico como en el social. Por un lado, desalienta a los inversores y empresarios a asumir riesgos y crear empleo, ya que perciben que el Estado interfiere en el mercado y distorsiona las condiciones de competencia. Por otro lado, constituye una clientela que no se ve incentivada a esforzarse por mejorar su situación, confiando en que el Estado proporcionará una solución rápida y fácil a sus problemas, ya que le dará su ‘paguita’.
Absolutamente, un país serio y comprometido con el bienestar de su población debe articular sus esfuerzos para sacar a las personas de los márgenes de pobreza y mejorar constantemente los estándares de vida. Esto requiere una visión integral y holística que encare los diversos factores inherentes a la problemática social, atacando de a poco cada uno de los elementos que empobrecen y causan inequidad, diseñando estrategias de promoción y consolidación que fomenten la inclusión y la movilidad económica, creando un entorno propicio para el crecimiento.
En el corazón de este enfoque se encuentra la generación de empleo como motor principal de la actividad económica y la estabilidad social, especialmente en sectores clave que impulsen el desarrollo económico y la innovación. Al respecto, el rol de las empresas es crucial como generadoras de riqueza. Las empresas no sólo crean empleo, también son agentes de cambio positivo en la sociedad. El potencial de las sinergias entre el sector privado y el gobierno en la búsqueda de soluciones efectivas para los desafíos sociales y económicos es potencialmente significativo. A través de prácticas empresariales socialmente responsables, como la creación de oportunidades de empleo digno, el desarrollo de habilidades y la inversión en comunidades locales, las empresas contribuyen notablemente a la reducción de la pobreza y la mejora del bienestar de la población sin ninguna duda.
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