Ordenar el territorio paraguayo

    Nuestro amado Paraguay, a pesar de su modesto tamaño, es un tesoro de inmensa riqueza natural que juega un papel primordial en su desarrollo. Sin embargo, esta riqueza, cuando se explora sin considerar la sostenibilidad, puede tener un impacto ambiental devastador. En el complejo entresijo de departamentos, municipios y distritos que conforma la estructura de nuestro país, el orden y la planificación territorial se erigen como pilares fundamentales en el contexto socioeconómico y político, no sólo a nivel regional sino también en el escenario global.

    Paradójicamente, a lo largo de las décadas, Paraguay adolece un crecimiento desordenado y el uso discrecional de la tierra, a pesar de su abundante patrimonio natural y su estructura territorial. Este desafío se ha intensificado de manera progresiva e incluso aparentemente ilógica si se quiere, en gran parte debido a la falta de regulaciones claras que guíen y planifiquen adecuadamente este desarrollo. La migración interna, la ocupación de tierras para asentamientos informales, la congestión en las áreas urbanas y la asimetría en la distribución de la tierra han contribuido a un caos que obstaculiza el progreso del país.

    En los últimos años, hemos observado un fenómeno marcado por el enfoque capitalista, en el cual el sector privado ha asumido la responsabilidad de una amplia variedad de proyectos de gran envergadura. Estos proyectos, promovidos bajo el argumento de impulsar el desarrollo económico del país, a menudo han beneficiado exclusivamente a intereses particulares. Esta delegación de responsabilidades, que con frecuencia carece de un control adecuado y se lleva a cabo con excesiva permisividad, ha tenido serias repercusiones, especialmente en el área ambiental.

    Aquí, es donde el rol del Estado se vuelve esencial. No basta con tener una visión clara sobre el ordenamiento territorial; aunque existe un Proyecto de Ley al respecto, su estudio se ha prolongado durante un largo periodo. Es imperativo que esta visión se transforme, de una vez por todas, en una política sólida, con directrices claras y planes concretos. Estos planes deben ser capaces de organizar eficazmente todo el territorio nacional, ya sea a nivel de una región especifica o un municipio en particular. Esto requiere realizar un análisis minucioso de las características geográficas, socioeconómicas y ambientales de nuestro territorio.

    En este Plan integral, con un horizonte temporal que abarca desde el corto al largo plazo, se abordan cuestiones críticas que revisten de suma importancia. Una de ellas es la regulación del uso del suelo, una labor que implica determinar con atención la ubicación de actividades tan diversas como la agricultura, la ganadería, la minería y la industria, este proceso se lleva siempre a cabo con el objetivo primordial de mantener un equilibrio en la gestión de recursos naturales, como los hídricos, los acuíferos, los forestales y la energía hidroeléctrica, a la vez que se asegura la conservación de la biodiversidad que caracteriza a las distintas ecorregiones.

    Esta dirección proporciona una sólida base en la disposición de recursos, contribuyendo de manera significativa a asegurar una distribución más equitativa de la tierra y sus recursos, además de preservar nuestra rica identidad cultural y paisajística al proteger áreas que tienen valor histórico, cultural o estético.

    De igual modo, el Plan debe contemplar estrategias para mitigar desastres naturales, como las inundaciones, que periódicamente tienen un impacto devastador en algunas de nuestras comunidades. También es importante establecer medidas para controlar y garantizar seguridad jurídica en la tenencia de tierras y en las inversiones, ya que la ausencia de un ordenamiento legal eficiente ha generado numerosos problemas y actos de corrupción en el pasado.

    En un mundo cada vez más urbanizado y donde la tendencia es el traslado poblacional hacia las grandes urbes, la planificación es vital. Esta planificación debe facilitar el desarrollo de áreas urbanas de manera ordenada, asegurando que la infraestructura, el transporte, la vivienda y los servicios públicos estén disponibles y sean eficientes para todos los habitantes.

    Como nación que se considera soberana, nos enfrentamos a un desafío sin parangón en la planificación y gestión estratégica de nuestro territorio. Si bien el Estado desempeña un papel fundamental en este proceso, no debe ser el único responsable, ya que un Plan de Ordenamiento Territorial bien concebido promueve la participación activa de la sociedad civil, lo que garantiza que las decisiones se tomen considerando las necesidades y preocupaciones de la comunidad. 

    Con esta estrategia integral, estaremos avanzando hacia un futuro más ordenado, equitativo, sostenible y seguro, a la vez que fortaleciendo la cohesión social y el sentido de pertenencia a nuestro entorno natural y cultural.