Identidad ancestral

    El Paraguay destaca en la actualidad como uno de los países más ricos en diversidad intercultural y uno de los pocos que es bilingüe a nivel global. Esta particularidad, de indudable valor, se manifiesta en una población indígena significativa, compuesta por 19 Pueblos Indígenas (y me atrevo a decir que posiblemente más), junto con cientos de comunidades dispersas por todo el territorio nacional. Cada una de estos tiene su propia cultura milenaria, expresada a través de tradiciones ancestrales, una riqueza lingüística única y una idiosincrasia singular. Esta diversidad es esencial y fundamental para la identidad nacional, ya que nuestra sociedad moderna es el resultado del mestizaje de razas. Los ancestros de estas tierras fueron los constructores que sentaron las bases de lo que hoy conocemos como Paraguay.

    Haciendo historia, podemos remontarnos a más de 500 años atrás, cuando el rey Fernando el Católico de España promulgó en 1512 las conocidas Leyes de Burgos. Estas leyes son consideradas uno de los primeros intentos de regular los derechos de los pueblos indígenas en el contexto de la conquista de América. Diseñadas para proteger a los indígenas de los abusos por parte de los colonizadores españoles, en concreto lo que respecta a la esclavitud y la evangelización, las Leyes de Burgos representaron un primer paso en el reconocimiento y protección de los derechos de estas poblaciones durante el período imperial. A pesar de su intención loable, resultaron insuficientes para prevenir la explotación y la opresión que muchos indígenas enfrentaron. Sin embargo, estas leyes marcaron el inicio del debate sobre los derechos de los pueblos indígenas en América.

    Es imposible ignorar las injusticias sufridas por los pueblos originarios, marcadas generalmente por la marginalización y la invisibilización sistemática. Esta situación se vuelve aún más dolorosa cuando hablamos de la tenencia de la tierra, ya que sus derechos fueron ignorados y sus territorios saqueados en nombre del "progreso". A lo largo de los siglos hasta nuestros días, han sido despojados de sus tierras, enfrentando además un continuo trato discriminatorio propiciado por normativas nacionales arcaicas que siempre los colocaron en una situación desfavorable en comparación con los ciudadanos paraguayos.

    A lo largo del tiempo, y en consonancia con los cambios globales, especialmente el reconocimiento de la multiculturalidad en otros países, los gobiernos locales han reconocido la necesidad de corregir estas injusticias y comenzar a valorar la diversidad étnica, dándole el espacio que realmente se merece. Es así que, en las últimas décadas, nuestro país ha adoptado una política integracionista, adhiriéndose a normas internacionales de protección a las comunidades indígenas y promulgando leyes significativas en su impacto y aplicación, que abordan de manera efectiva los problemas y necesidades específicas de los pueblos originarios, proporcionando soluciones duraderas y relevantes para garantizar sus derechos.

    La importancia de la temática indígena se consolidó y cobró relevancia, después de 1992, con la nueva Constitución Nacional. Constitución que consagró expresamente los derechos de estos pueblos, reconociéndolos como grupos culturales anteriores a la formación del Estado paraguayo y como portadores de sus propias instituciones sociales, económicas, de culto y políticas, o parte de ellas. Más aún, el artículo 140 de la Carta Magna protege el derecho a la diversidad cultural y define a Paraguay como un país pluricultural, reconociendo las lenguas indígenas como patrimonio cultural nacional. 

¿Se traduce esto en acciones tangibles?

    En el año 2021, se publicó el Plan Nacional de los Pueblos Indígenas, un hito en las políticas públicas para este sector. Teóricamente, busca corregir esta injusticia histórica otorgando voz y poder a aquellos que durante mucho tiempo han sido silenciados. Un plan construido con la participación de representantes de los 19 pueblos indígenas que habitan en el territorio nacional, según el documento oficial. Como política de Estado, este marco jurídico guía las acciones gubernamentales para mejorar la calidad de vida de estas comunidades, respetando su identidad y autonomía. De este modo, el Estado, a través de diversas instituciones, está implementando proyectos que benefician a estos pueblos. Se les da participación, se respetan sus tradiciones, se atienden sus necesidades, se promueven sus trabajos artesanales y se facilita el acceso a servicios esenciales. Entre las acciones destacadas que el Estado está llevando adelante se encuentra la regularización de la tenencia de la tierra y la construcción, en su propio territorio, de viviendas acordes a su cultura y costumbres.

    Este plan representa una oportunidad única para rectificar las injusticias del pasado. Revalorizar las culturas indígenas con políticas de inclusión y respeto a la diversidad son pilares básicos para construir una sociedad más justa y equitativa. Si bien se han logrado avances muy importantes, aún queda mucho por hacer, no basta con implementar programas de desarrollo; se debe continuar trabajando y no permitir que este plan se convierta en otra promesa vacía.