Los hijos no son de los padres

    Un paradigma político (otro más) ha encendido la polémica y sacudido los cimientos de la crianza y la responsabilidad parental, con una afirmación desafiante: "los hijos no pertenecen a los padres". 

    Esta postura radical refleja una visión más colectivista y estatal, desafiando los conceptos tradicionales de crianza, al sugerir que el Estado debe ejercer su autoridad suprema sobre los niños, amparándose en el derecho fundamental que nos asiste a todos como personas. Según esta interpretación, estos grupos políticos plantean que los hijos no pertenecen a los padres, desafiando así la noción tradicional de la crianza, donde los padres son considerados dueños o propietarios de sus hijos. 

    Si bien es cierto que los hijos son seres individuales con sus propias identidades y derechos, y que no deben ser tratados como posesiones, la autoridad o potestad de los padres o tutores es un terreno sagrado, desempeñado un papel fundamental e invaluable en su formación y desarrollo. Los padres tienen la responsabilidad de cuidar, proteger, educar y guiar a sus hijos, respetando su autonomía y dignidad. Sin embargo, en situaciones en las que los padres no cumplen con su deber de cuidado y protección, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el bienestar de los niños. No obstante, la idea de propiedad estatal plantea preocupaciones significativas en términos de derechos individuales y libertades fundamentales. 

    Es importante encontrar un equilibrio entre el control de los padres y la intervención del Estado. Mientras los padres tienen el derecho de criar a sus hijos, el Estado también debe velar por garantizar una educación de calidad y un entorno seguro para todos los niños. Sin embargo, el conflicto surge cuando las intenciones del Estado se inclinan hacia la ideologización escolar, lo que puede limitar la diversidad de ideas y perspectivas en el sistema educativo. Esto puede restringir la libertad de pensamiento y el desarrollo de habilidades críticas en los estudiantes, obstaculizando con una visión sesgada de la realidad, la cohesión social y la construcción de una sociedad más inclusiva y tolerante. 

    Históricamente, se ha reconocido la importancia y el derecho de las libertades individuales y el valor de la unidad familiar, con la autonomía de los padres para criar a sus hijos de acuerdo con sus creencias y valores, siempre y cuando no se comprometa el bienestar de los niños. Este enfoque respeta la importancia de la unidad familiar y reconoce que los padres son los principales responsables de la crianza. Ahora, también es importante destacar que este derecho no debe utilizarse como una justificación para abusar o descuidar a los niños. 

    En una realidad donde los gobiernos intervienen cada vez más en nuestras vidas, es vital encontrar un equilibrio entre el papel del Estado en la protección de los derechos de los niños y la garantía de los derechos y libertades de los padres. La legislación y las políticas actuales buscan establecer un marco legal que permita la intervención estatal en casos de abuso o negligencia, al mismo tiempo que reconocen y protegen los derechos de los padres. 

    No obstante, la línea divisoria entre la intervención estatal justificada y la violación de los derechos parentales puede resultar difusa. En los últimos años, hemos visto casos sonados, en el ámbito internacional, en los que los padres han sido injustamente privados de la custodia debido a decisiones gubernamentales cuestionables y procesos judiciales poco transparentes. 

    En lugar de ver la custodia de los niños como una dicotomía entre los padres y el Estado, es necesario encontrar soluciones colaborativas y centradas en el interés superior de los niños. Esto implica desarrollar políticas y programas que brinden apoyo y recursos a las familias, promoviendo la educación parental, el acceso a servicios de salud y la conciliación entre el trabajo y la vida familiar. 

    Es fundamental garantizar que el sistema legal y judicial funcione de manera justa y transparente. Los procesos de custodia deben basarse en la equidad, la diversidad y la imparcialidad, evitando prejuicios o discriminaciones injustas. Los derechos de los padres deben ser protegidos y respetados, al tiempo que se garantiza la seguridad y el bienestar de los niños involucrados. 

    Es un desafío que requiere un enfoque inclusivo y orientado al bienestar social, reconociendo la importancia de respetar la individualidad y los derechos de los hijos, promoviendo una crianza basada en el cuidado, el apoyo y el fomento de su autonomía, sin intervencionismos ideológicos. A través del diálogo constructivo y el desarrollo de políticas públicas, podemos avanzar hacia una sociedad más justa, equitativa y libre donde los niños sean criados en entornos seguros, amorosos y respetuosos.