Políticas públicas
En este 2023 y más aún, sabiendo que este nuevo año implicará el cambio de gobierno en la administración del país, resulta oportuno evaluar, por un lado: la calidad de nuestras políticas públicas, y por el otro, visionar un Paraguay que realmente crezca y se desarrolle para el bienestar de cada uno de los que lo habitamos.
No es utópico aseverar que todos deseamos tener un buen gobierno, con metas claras, definidas, con políticas públicas que no solo sean sostenibles, sino que estén orientadas a los resultados; y, ante todo, con autoridades coherentes que se hallen en consonancia con la acuciante realidad, que urge de acciones y reformas significativas.
Desde hace décadas podemos observar que existe un gran desajuste entre las demandas sociales y la respuesta a estas por el Estado. La asignación de los recursos públicos se orientan en mayor medida a gastos rígidos que a inversión en desarrollo empresarial, industrial y social en general, como a programas que contribuyan a la reducción de las desigualdades, por lo que deviene imperioso que nuestros representantes dejen de lado la informalidad y cumplan los compromisos que asumieron con el conjunto de la sociedad, gestionando la asignación y el uso de los recursos públicos que provienen del bolsillo de los contribuyentes, con mayor eficiencia, logrando resultados, sin limitarse meramente a cumplir funciones por mero hábito rutinario.
Las instituciones públicas afrontan grandes desafíos en lo que a gestión pública se refiere. No solo pasa por tener un ordenado programa de gobierno, sino también: por una adecuada planificación, por una operativa disciplinada y una coordinada articulación de acciones, que no den lugar a improvisaciones o a favoritismos que privilegien a determinados sectores, desfigurando el verdadero sentido del ejercicio de un cargo público, que es el servicio comprometido con el desarrollo y el bien común.
Todos conocemos sobradamente los reclamos sociales más frecuentes: salud, educación, vivienda, aunque no se pueden descuidar otros igualmente sustanciales como; seguridad, justicia, empleo, y muchos otros que hacen a la cotidianeidad y suponen una importante variable en la calidad de vida de las personas. Además de esto, nuestras autoridades tienen una tarea altamente delicada e impostergable: la defensa de la soberanía energética.
Este abanico temático es complejo y requiere una manera diferente de encarar las políticas públicas, un giro importante hacia la eficiencia plena, transformando de manera disruptiva la burocrática y la administración del país. Requiere innovación en el gerenciamiento, así como voluntad política al más alto nivel, un abordaje distinto con gran solvencia técnica, seguridad jurídica, rendición de cuentas, capacidad de dialogar y dar espacios de participación, logrando alianzas estratégicas para cumplir metas.
El desarrollo y la sostenibilidad de las políticas públicas son temas muy complejos, hay varios elementos a armonizar en materia de gobernanza: el económico, social, político, cultural; así como numerosos actores a involucrar: instituciones públicas, entes privados, empresas, sociedad civil, academia; sin descuidar las relaciones internacionales en un mundo cada vez más globalizado.
En numerosos países se aplica ya la gestión por resultados, aumentando el índice de su nivel de desarrollo, lo que conlleva entre otras cosas: planificación estratégica y operacional que marque el rumbo, delineando metas consensuadas a mediano y largo plazo, con buena estructura organizacional, objetivos institucionales alineaos al plan de gobierno, disciplina fiscal con un presupuesto equilibrado, orientado a la ejecución de programas y proyectos. Las autoridades deben regular las probabilidades de que sus acciones brinden los resultados deseados, haciendo un monitoreo permanente que lleve a ajustar lo necesario para asegurar, con transparencia, el éxito en sus programas y proyectos.
En palabras suena posible, aunque será difícil romper esquemas, cambiar paradigmas e impregnar en los gobernantes una visión país alejada de los vicios que hoy nos corroen. No cuesta nada soñar.
Desde hace décadas podemos observar que existe un gran desajuste entre las demandas sociales y la respuesta a estas por el Estado. La asignación de los recursos públicos se orientan en mayor medida a gastos rígidos que a inversión en desarrollo empresarial, industrial y social en general, como a programas que contribuyan a la reducción de las desigualdades, por lo que deviene imperioso que nuestros representantes dejen de lado la informalidad y cumplan los compromisos que asumieron con el conjunto de la sociedad, gestionando la asignación y el uso de los recursos públicos que provienen del bolsillo de los contribuyentes, con mayor eficiencia, logrando resultados, sin limitarse meramente a cumplir funciones por mero hábito rutinario.
Las instituciones públicas afrontan grandes desafíos en lo que a gestión pública se refiere. No solo pasa por tener un ordenado programa de gobierno, sino también: por una adecuada planificación, por una operativa disciplinada y una coordinada articulación de acciones, que no den lugar a improvisaciones o a favoritismos que privilegien a determinados sectores, desfigurando el verdadero sentido del ejercicio de un cargo público, que es el servicio comprometido con el desarrollo y el bien común.
Todos conocemos sobradamente los reclamos sociales más frecuentes: salud, educación, vivienda, aunque no se pueden descuidar otros igualmente sustanciales como; seguridad, justicia, empleo, y muchos otros que hacen a la cotidianeidad y suponen una importante variable en la calidad de vida de las personas. Además de esto, nuestras autoridades tienen una tarea altamente delicada e impostergable: la defensa de la soberanía energética.
Este abanico temático es complejo y requiere una manera diferente de encarar las políticas públicas, un giro importante hacia la eficiencia plena, transformando de manera disruptiva la burocrática y la administración del país. Requiere innovación en el gerenciamiento, así como voluntad política al más alto nivel, un abordaje distinto con gran solvencia técnica, seguridad jurídica, rendición de cuentas, capacidad de dialogar y dar espacios de participación, logrando alianzas estratégicas para cumplir metas.
El desarrollo y la sostenibilidad de las políticas públicas son temas muy complejos, hay varios elementos a armonizar en materia de gobernanza: el económico, social, político, cultural; así como numerosos actores a involucrar: instituciones públicas, entes privados, empresas, sociedad civil, academia; sin descuidar las relaciones internacionales en un mundo cada vez más globalizado.
En numerosos países se aplica ya la gestión por resultados, aumentando el índice de su nivel de desarrollo, lo que conlleva entre otras cosas: planificación estratégica y operacional que marque el rumbo, delineando metas consensuadas a mediano y largo plazo, con buena estructura organizacional, objetivos institucionales alineaos al plan de gobierno, disciplina fiscal con un presupuesto equilibrado, orientado a la ejecución de programas y proyectos. Las autoridades deben regular las probabilidades de que sus acciones brinden los resultados deseados, haciendo un monitoreo permanente que lleve a ajustar lo necesario para asegurar, con transparencia, el éxito en sus programas y proyectos.
En palabras suena posible, aunque será difícil romper esquemas, cambiar paradigmas e impregnar en los gobernantes una visión país alejada de los vicios que hoy nos corroen. No cuesta nada soñar.
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