Vivienda digna y adecuada

    La Constitución Nacional del Paraguay, así como la de otros países, contempla "el derecho a una vivienda digna" como uno de los principales derechos que el Estado debe garantizar a sus ciudadanos. De hecho, este derecho también está reconocido en la normativa internacional de los derechos humanos como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado.

    Para garantizar el derecho a una vivienda digna como derecho humano, es indiscutible la necesidad de adoptar políticas públicas y programas gubernamentales adecuados, en particular planes nacionales de vivienda. Pero, ¿Qué se entiende por vivienda digna? La vivienda representa mucho más que la materialidad de un techo para vivir. Debe ser habitable, asequible, accesible y segura, porque es la base de la estabilidad de las familias, el lugar donde ellas se desarrollan y desde donde se desenvuelven en los diversos ámbitos de la vida cotidiana. Es un lugar acorde a la cultura de cada población meta, y con acceso a servicios básicos, transporte, escuelas y empleos.

    Si bien es cierto que es función del Estado garantizar ese derecho, no implica que deba construir viviendas para todos. No obstante, es tarea del Estado, a través del órgano rector de la política habitacional, arbitrar diversos mecanismos que sean necesarios para hacer efectivo ese derecho, posibilitando condiciones de vida adecuadas para todos, evitando desalojos forzosos, cuidando y priorizando a los grupos o poblaciones más vulnerables, asegurando la tenencia y facilitando créditos para el acceso.

    Aquí hay un elemento clave: la vulnerabilidad. Cuando hablamos de este concepto, nos referimos a determinada población que podría estar en situación de fragilidad, peligro, amenaza o ser más susceptible de sufrir daño, en relación con ciertos factores asociados a sus características sociales, culturales, económicas y otras. Así, por lo general, se cataloga como población vulnerable a ciertos grupos, como las mujeres, los niños, los pueblos indígenas, los migrantes, las personas con discapacidad o las personas que se encuentran en la franja de pobreza y extrema pobreza.

    Por lo tanto, la atención prioritaria del Estado debe enfocarse en este sector. Las políticas públicas y los planes deben posibilitar el acceso a la vivienda para mejorar la calidad de vida de esta población y darles la oportunidad de desarrollarse y crecer en un ambiente sano. La gestión pública en la materia debe buscar sentar las condiciones que promuevan la integración y la cohesión social, mediante estrategias que propicien el desarrollo urbano de manera sostenible, garantizando el acceso a soluciones habitacionales dignas y adecuadas en todas las ciudades y comunidades donde se intervenga.