La revolución necesaria

    La democracia global se halla en crisis, los gobiernos de todo el mundo se enfrentan a desafíos urgentes a medida que sus instituciones se erosionan. La creciente desconfianza ciudadana subraya la necesidad apremiante de fortalecer las relaciones entre gobiernos, instituciones y sociedad civil.

    Paraguay, aunque se ubica en una posición preferencial, especialmente en el ámbito económico en comparación con otros países de la región, no es inmune a la cruda realidad que enfrenta la democracia global. La actual situación política revela una fragilidad marcada por diversos factores, siendo la falta de transparencia y una persistente concentración de poder algunos de los elementos clave.

    Los obstáculos para la consolidación democrática en el país son evidentes: desde la falta de independencia judicial hasta la corrupción generalizada, la limitada libertad de prensa y la escasa rendición de cuentas por parte de los líderes políticos. Un desafío fundamental es la concentración de poder en manos de un reducido grupo de políticos y empresarios, una realidad que no sólo limita la competencia política, sino que también favorece a candidatos respaldados por mayores recursos financieros.

    A pesar de las dudas y el escepticismo, quiero fervientemente creer que detrás de cada "visión país" late un sincero deseo de mejorar la vida del pueblo. Por más que parezca utópico, a veces es reconfortante dejarse llevar por la esperanza; es lindo soñar. Las autoridades, tanto nacionales como locales, asumen sus roles con la gran promesa de campaña de lograr ese esquivo "bien común". Una noble intención que, en ocasiones, suena tan idealista como la famosa "paz mundial" pronunciada por una Miss Universo.

    Más allá de las palabras, los discursos grandilocuentes y las retóricas vacías, es necesario buscar el significado real de ese "bien común" tantas veces denostado. Tal vez en un mundo un poquito mejor, tendría algo que ver con deshacerse de las desigualdades, abandonando apologías e ideologías dañinas, envidias y egos, sin caer en revanchismos retrógrados, inútiles y, lo peor, infantiles. En lugar de eso, se requeriría una honesta reflexión, compromiso y una altura política genuina, respaldados por acciones serias, para alcanzar un nivel de desarrollo y productividad que garantice la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, todo bajo un criterio de sostenibilidad.

    En el inicio de su mandato, un nuevo gobierno se enfrenta a la decisiva tarea de planificar sus primeros 100 días, estableciendo así las bases para posteriores metas a mediano y largo plazo. Si bien es cierto que en este corto plazo no se pueden esperar resultados significativos ni evaluar plenamente la eficacia de la administración, no se puede pasar por alto que durante este período se van adoptando decisiones estratégicas que revelan el liderazgo político del mandatario y su capacidad de gestión. Estas decisiones evidentemente ofrecen también indicios sobre la dirección que seguirá la administración, con sus diversos actores al frente de las instituciones públicas. Es quizás en este punto que surgen tanto las sorpresas como las desilusiones, marcando el tono para el resto del mandato.

    Los planes de gobierno desempeñan un papel indispensable como instrumentos necesarios para establecer prioridades en las agendas gubernamentales y asignar recursos de manera eficiente. Para lograr una administración cohesionada que cumpla metas comunes en beneficio de la ciudadanía, es esencial que el diseño e implementación de estos planes estén sistematizados y socializados. Además, la colaboración con los gobiernos locales se vuelve imperativa, ya que juntos deben abordar estrategias de intervención específicas en sus respectivos territorios.

    Paraguay, en los últimos años, ha experimentado una notable estabilidad macroeconómica que augura un prometedor crecimiento para el futuro. A pesar de estos indicadores positivos, algo no encaja: la realidad del bolsillo del ciudadano común, reflejada en su día a día y en la actividad cotidiana, no parece alinearse con los índices de estabilidad económica.

    Mientras que en el discurso oficial nos ensalzamos con los fructíferos índices económicos, la cruda verdad es otra, carencias, necesidades y desigualdades palpables persisten en nuestras vidas diarias. ¿Oportunidades laborales? Un privilegio reservado para unos pocos afortunados. ¿Salud y educación? Un lujo al alcance de aquellos que pueden permitírselo. La seguridad, una ilusión para muchos. La gran interrogante más desafiante que nunca, es por qué, a pesar de estos supuestos logros económicos, la brecha de desigualdad no hace más que ensancharse. Acaso, ¿Nos contentamos con ser meramente espectadores pasivos? ¿O es que nos hemos resignado a aceptar que los relucientes resultados financieros no se traducen en una mejora tangible en la calidad de vida de la ciudadanía?

    En este contexto, resuena en mi mente la obra del maestro del Derecho Administrativo, Roberto Dromi, titulada "La Revolución del Desarrollo". Este trabajo no sólo destaca por su claridad expositiva, sino también por presentar ideas innovadoras que, en mi opinión, merecen una aplicación inmediata en nuestras estructuras administrativas. Dromi nos lleva por un camino intelectual que desafía las convenciones, proponiendo cambios profundos en la gestión pública. Su llamado a imprimir un "sesgo revolucionario" en la administración, construyendo consenso para transformar los usos políticos, resuena como un desafío necesario en un mundo que evoluciona rápidamente. En sus palabras, el éxito económico por sí solo no garantiza el desarrollo; se requieren políticas consensuadas, estables e integrales que orienten el bienestar de todos. Este recordatorio llega como una inyección renovadora en medio de la retórica superficial que a veces domina nuestras discusiones políticas.

    Ahora, más que nunca, es el momento oportuno para aspirar a la justicia del desarrollo, adoptando innovaciones en los usos y ritmos de la acción política. Dromi aboga por una administración identificada con un decálogo de calidad, desde la prevención de riesgos hasta el respeto de las instituciones:

    - Los riesgos se previenen.
    - Las demandas sociales se anticipan.
    - Las urgencias se priorizan.
    - Las necesidades se satisfacen.
    - Las oportunidades se aprovechan.
    - Las obras se concluyen.
    - Los presupuestos se invierten.
    - Los procedimientos se cumplen.
    - Las cuentas se rinden.
    - Las instituciones se respetan.

    En este llamado a la acción, encontramos una guía valiosa para repensar y revitalizar nuestras estructuras administrativas. La obra de Dromi no sólo es un conjunto de ideas; es una invitación a la transformación. Paraguay debe dejar atrás la complacencia, cambiar el paradigma y transformar la gestión pública, haciendo una administración que verdaderamente sirva al bienestar de la sociedad.